*Celsa Monrós Barahona
Directora General del Cambio Climático de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su discurso de apertura de la COP27 afirmó que «Estamos en un camino que conduce al infierno, necesitamos un pacto entre países ricos y pobres para la reducción de emisiones». Lo hizo respaldado por el último informe del IPCC, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático que se publicó este año. La última Cumbre del Clima no llegó a acuerdos sobre el calendario del pico de emisiones, ni compromisos que eviten superar el grado y medio de temperatura respecto 1990, y tuvo la ausencia de grandes países contaminantes. Bajo este marco se aprobaba en Les Corts Valencianes la Ley de lucha contra el cambio climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana.
Alineados con el liderazgo de la Unión Europea, la ley representa nuestro compromiso con las generaciones futuras, con el territorio y la sociedad. Se optó por una ley ambiciosa y transversal, que da respuesta a retos en la gestión de los recursos naturales e hídricos, la energía, la alimentación, la salud, la sociedad, planificación territorial y urbanismo, infraestructuras, la movilidad, etc. Para garantizar una transición ordenada se establece una batería de medidas, instrumentos y un modelo de gobernanza que marque el camino en un terreno complicado hacia un futuro ambicioso de descarbonización y adaptación.
No nos olvidamos de las palabras del secretario de la ONU, que nos indican que si seguimos con la tendencia actual el futuro se asemejará al infierno en muchos aspectos. No podemos seguir actuando, gestionando, planificando como hasta ahora. Nuestra estrecha ventana de oportunidad nos obliga a liderar el cambio, y es por lo que este marco legislativo ha apostado, pudiendo destacar:
– La transición energética, incluyendo combustibles, que suponen el 80% de las emisiones. Se impulsan las renovables, el autoconsumo y la participación local. Además, se priorizará el uso de superficies como aparcamientos o cubiertas de más de 250 metros cuadrados para cubrir con fotovoltaica.
– Movilidad sostenible, que responde a un tercio de las emisiones. El énfasis estará en la intermodalidad; la delimitación de zonas de bajas emisiones; el transporte público; la movilidad libre de emisiones, como el uso de la bicicleta o vehículo eléctrico. Y, así, por ejemplo, las áreas generadoras de alta movilidad contarán con conexión peatonal-ciclista a los cascos urbanos próximos y una participación adecuada del transporte público; además, las administraciones y empresas deberán sustituir progresivamente sus vehículos por vehículos libres de emisiones al renovar sus flotas, con puntos de recarga y estacionamientos de bicicletas.
– Reducción y compensación de emisiones. Tanto administraciones como sector privado registrarás su huella de carbono y aprobarán planes de reducción; pudiendo compensar con mecanismos voluntarios con proyectos de absorción, promoviendo que se lleven a cabo en la Comunitat Valenciana.
– Modelo de gobernanza compartida. Los ayuntamientos tienen competencias en la mayoría de medidas de mitigación y adaptación. Con la aprobación de la ley, deberán aprobar Planes de Acción Climática, con inventarios de emisiones; análisis de riesgos y vulnerabilidades; y el establecimiento de objetivos y estrategias de reducción y adaptación.
– Recursos hídricos, para incorporar la perspectiva climática en la planificación hidrológica. Entre otras medidas, se crea el Registro voluntario de huella hídrica de productos, servicios y organizaciones; se apuesta por la reutilización y aprovechamiento de aguas regeneradas y pluviales; así como el fomento de sistemas de drenaje sostenible en entornos urbanos basados en soluciones naturales.
– Agricultura, con el objetivo de evaluar riesgos y vulnerabilidades en el sector, y fomentar la valorización de variedades con mayor capacidad de adaptación, en su caso con prácticas ecológicas por ejemplo.
– Estrategia Valenciana de Transición Justa para garantizar un tratamiento equitativo y solidario de colectivos vulnerables, sectores económicos y territorios en la transición hacia una economía baja en carbono. Se analizarán las oportunidades de creación de actividad económica y ocupación vinculadas a la transición ecológica.
– Fiscalidad Verde, para aquellas actividades con impacto de efecto invernadero, pero con bonificaciones a actuaciones que favorezcan la adaptación o la reducción de emisiones. La ley crea tres impuestos y entrará en vigor a partir de 2025.
– La ley también impulsa la educación ambiental; la investigación, el desarrollo y la innovación para fomentar el conocimiento y la implementación de prácticas sostenibles.
La ley marca el camino, ahora está en la mano de todos los actores socioeconómicos de la Comunitat marcar la ambición y el ritmo para desplegar los instrumentos y objetivos de la ley.
